Artículo de opinión de Daniel Fernández - El País 23-12-2008
A lo largo de este mes de diciembre, que parece haber recobrado su condición invernal -y coincidiendo con la conmemoración del trigésimo aniversario de nuestra Constitución-, se cumple un año de la aprobación por el Congreso de los Diputados de la conocida como Ley de la Memoria Histórica. ¿Podíamos celebrar el recorrido por los 30 años más afortunados de nuestra historia sin comenzar a dar respuesta a unas causas justas y legítimas nacidas en la Guerra Civil y la dictadura? Rotundamente, no.
La generación de la Transición dio respuesta a aquello que podía tenerla en aquella coyuntura histórica. Acertaron plenamente al empeñarse en comenzar a compartir un futuro común, sin detenerse a pretender compartir un pasado todavía demasiado presente. Pero el éxito colectivo que supuso la Transición no podía usarse, 30 años después, como excusa para negarse a dar respuesta a las causas justas todavía pendientes, (como si la historia de España se iniciara con la Constitución de 1978), ni, en el extremo opuesto, dichas causas podían ser utilizadas para cuestionar la obra común de la Transición. (En este sentido, y por mucho que se empeñen algunos especialistas en convertir éxitos en derrotas, conviene recordar que la Ley de Amnistía supuso una gran victoria de la oposición al franquismo y un peldaño fundamental en la consolidación de la democracia).
Hoy, el compromiso que tenemos los socialistas no puede ser otro que el de desarrollar íntegra y plenamente la Ley de la Memoria Histórica, sin aceptar ningún tipo de limitación, distracción o cortapisa que nos aleje de este objetivo. Un desarrollo que deberá contar con un alto grado de diálogo y acuerdo institucional, más allá de espacios políticos e ideológicos, ya que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen un papel relevante que jugar.
El Gobierno ha desarrollado a lo largo de estos últimos meses diferentes elementos de la ley: la declaración de reparación y reconocimiento personal de las personas que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa; la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales; las indemnizaciones reconocidas en favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la democracia durante la Transición; la fijación de criterios para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos Dependientes; la facilitación del acceso a los libros de actas de defunciones de los Registros Civiles o la opción a la nacionalidad española de los hijos de aquellas personas que fueron originariamente españoles y de los nietos que, a causa del exilio, no pudieron obtenerla.
Dar respuesta a aquellos españoles que ignoran, todavía hoy, el paradero de sus familiares, o que no les han podido dar sepultura con la dignidad que se merecen, es una deuda pendiente que nuestra sociedad tiene con muchos compatriotas y, en definitiva, consigo misma. Por ello es imprescindible comenzar a cerrar esta herida aprovechando los instrumentos que la ley nos ofrece. En este sentido, el Ministerio de la Presidencia ha elaborado un Protocolo para la realización de las exhumaciones que se pondrá en común con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, así como con asociaciones interesadas.
El camino que nos queda por recorrer lo hemos de transitar desde la confianza en una sociedad española plenamente madura para afrontar el debate sobre nuestro trágico pasado, con normalidad y serenidad, sin más miedos o crispaciones que las que unos pocos se empeñan en sembrar. Con todo, tal vez sea necesario recordar el magisterio y el testimonio que dejaron antifranquistas de la talla de Ramón Rubial o Curro López del Real, cuando enseñaban a los jóvenes diputados socialistas de las Cortes Constituyentes (que no habían sufrido, como ellos, las cárceles franquistas de la postguerra y el exilio) a mirar hacia atrás sin ira ni rencor.
Reconozcámoslo: el debate sobre la memoria histórica, 30 años después, no nos ha permitido alcanzar una mirada más compartida sobre nuestro pasado. Una mirada que para ser común tendría que ser también más autocrítica, menos complaciente con cada uno de nuestros pasados. Una mirada en la que dejen de existir los muertos de unos y los muertos de los otros porque todas las víctimas las sintamos como propias. Pero, más allá de este objetivo -al que algunos no estamos dispuestos a renunciar-, la sociedad española ha empezado a hacer justicia rescatando del olvido a unos compatriotas que, incorporados a nuestra memoria, la completan y nos reconcilian con nuestro pasado. Es la mejor manera de conmemorar la Constitución de todos.
Daniel Fernández es diputado a las Cortes por Barcelona y secretario adjunto del Grupo Parlamentario Socialista.
